HUESCA, 2 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha destacado el papel que tienen los servicios sociales para las personas que viven en el medio rural. En este sentido, ha indicado que la institución provincial destina más de dos millones de euros de su presupuesto al bienestar social, lo que es “una muestra del compromiso con este colectivo y sus trabajadores, entidades del tercer sector, voluntariado y oenegés”.
“Los servicios sociales no solo mejoran la calidad de vida de una parte significativa de nuestra sociedad”, ha añadido Gracia, “sino que generan un impacto positivo que va más allá de los usuarios con los que trabajan, pues tejen una red de ayuda que se extiende por todo el territorio y dan acceso al empleo en zonas poco pobladas, siendo la mayoría de mujeres”.
Así se ha pronunciado el presidente de la DPH en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en la isla de La Palma. En el encuentro se ha resaltado el esfuerzo económico de las instituciones provinciales para mantener los servicios sociales en el territorio.
Además, Gracia ha subrayado la “necesidad de alcanzar acuerdos y buscar soluciones inmediatas, así como una planificación, a medio y largo plazo, de temas importantes, como son la asistencia sanitaria por la falta de profesionales sobre todo en el medio rural, algo que también ocurre en los servicios de secretarías e intervenciones, imprescindibles para el funcionamiento de los ayuntamientos, una carencia que repercute en los pequeños ayuntamientos”.
Antes de la reunión de la Comisión, que se ha celebrado en el municipio de los Llanos de Aridane, el más afectado por la reciente erupción del volcán de Cumbre Vieja, se han visitado las zona de El Paso y Tazacorte. “La tragedia natural más grave de los últimos 70 años”, según ha declarado el presidente del Cabildo de La Palma y anfitrión del encuentro, Mariano Hernández Zapata.
Los miembros de la Comisión han aprobado una declaración de apoyo a los afectados, así como a las acciones necesarias para fomentar la recuperación y reconstrucción de la isla ante unos daños que se estiman en unos 1.500 millones de euros.
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