HUESCA, 14 (EUROPA PRESS)
El PSOE Alto Aragón ha defendido la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que sitúa a España “a la vanguardia en la lucha contra la corrupción”.
En una nota de prensa, el PSOE Alto Aragón ha aclarado que, a diferencia de la enmienda original presentada por ERC, la impulsada por el Ejecutivo de Sánchez “castiga el desvío presupuestario irregular, creando una figura con hasta cuatro años de cárcel”.
El secretario general de la Federación Altoaragonesa del PSOE, Fernando Sabés, ha sostenido que en esta federación “siempre hemos defendido que esta reforma no podría implicar ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política, y que el Código Penal debía recoger y sancionar todo uso irregular y arbitrario de fondos públicos”.
Sabés ha recordado que la actual regulación del Código Penal nació en 2015 sin consenso. “Pese a la oposición mayoritaria de todos los grupos políticos, incluso del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular siguió adelante con ella, utilizando, como siempre hacen, los tribunales para resolver un problema político”.
Para el líder del PSOE del Alto Aragón, es “lógico” que aún siendo en ambos caso delito, “quienes se han apropiado de manera irregular de dinero público, ya sea para beneficio propio o del partido político del que forma parte, tengan condenas más duras que aquellos que deciden utilizarlo para partidas presupuestarias diferentes a las que se destinó inicialmente ese dinero; es algo que recoge la reforma impulsada por el PSOE, que no se hace para beneficiar a una persona, o para reducir condenas a corruptos”.
HECHOS FRENTE A ALARMISMO
Por su parte, la Secretaria de Organización de la Federación Altoaragonesa del PSOE, Elisa Sancho, ha manifestado que, de nuevo, los socialistas “combaten el alarmismo con hechos” y “tras lo ocurrido en Cataluña con el procés, el peso de la ley debe caer sobre todos los culpables”.
“La reforma no deja impunes a ninguno de los enjuiciados por el 1-O y la desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal será castigada”, ha esgrimido.
De todas formas, ha continuado, “no hay ninguna duda de que la relación entre Cataluña y el Estado está a años luz de 2017, cuando con el PP en el gobierno se llevó a cabo un referéndum ilegal, y de 2014, cuando también con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo central se realizó una consulta popular sobre la independencia”.
La Federación Altoaragonesa del PSOE ha añadido que en la reforma planteada también se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos y se crea el enriquecimiento ilícito para quienes no puedan explicar un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por valor igual o superior a 250.000 euros.
“Frente a quienes dificultan investigaciones y utilizan la justicia para solucionar situaciones que podrían solventarse por la vía del diálogo y la negociación, esta reforma coloca a España a la vanguardia en la lucha contra la corrupción”, ha concluido Sancho.
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